En los últimos años la política de fijación de tarifas sobre el sector energético desalentó las inversiones empresariales y sobre-estimuló el consumo de los hogares. Esto se vio reflejado en el fuerte deterioro de la balanza comercial energética (frente a la necesidad creciente de importar energía), lo cual puso en riesgo la sustentabilidad del superávit comercial de la economía en su conjunto. La decisión política para hacer frente a este problema fue no reconocer que la energía es mas cara de lo que se paga por ella, ni que hay un problema de confianza para invertir en el largo plazo (marco jurídico), sino restringir las importaciones del resto de los sectores (para asegurar el superávit comercial) y expropiar YPF (para aumentar la inversión). Naturalmente, estas políticas gubernamentales han tenido efectos no deseados sobre la economía (merma del consumo, de inversiones).
